El pasado 7 de octubre se celebró en la CEOE la jornada “Redes eléctricas y retos para la electrificación de la industria”, patrocinada por PwC, un encuentro que puso de manifiesto el papel esencial de las redes eléctricas como infraestructura crítica para la transición energética y la reindustrialización de España.
El evento comenzó con la intervención de José Alberto González-Ruiz, Secretario General de CEOE, y continuó con la ponencia de Oscar Barrero, socio responsable de Energía de PwC, centrada en los desafíos de las redes eléctricas en la electrificación industrial. Posteriormente, tuvo lugar una mesa de debate sobre “El papel de las redes eléctricas en la descarbonización industrial”, con la participación de destacados representantes del sector.
El informe presentado por PwC, “Reflexiones para impulsar el despliegue de las redes eléctricas y aprovechar la oportunidad económica en España”, subraya que será necesario triplicar el ritmo de inversión actual y movilizar más de 53.000 millones de euros hasta 2030 para alcanzar los objetivos del PNIEC y habilitar la electrificación de la industria, el transporte y el sector residencial.
Sin embargo, la situación actual evidencia una alta saturación de la red, con más del 80% de los nudos de distribución ya limitados, y un modelo retributivo en revisión que, de no alinearse con el nuevo Real Decreto de planes de inversión, podría generar incertidumbre y ralentizar el despliegue de nuevas infraestructuras.
Durante la mesa de debate, representantes de AEG, AELEC, AFBEL y la Alianza por la Competitividad de la Industria Española coincidieron en la necesidad de anticipar las inversiones, coordinar la planificación y establecer un marco regulatorio estable y atractivo para la inversión privada.
En Exclusivas Energéticas compartimos plenamente esta visión: la electrificación de la economía española requiere una red moderna, digital y resiliente, capaz de acompañar el crecimiento industrial y garantizar un suministro seguro y competitivo.
Avanzar hacia este modelo implica colaboración efectiva entre administraciones, reguladores y sector empresarial, asegurando que la regulación incentive la inversión y priorice los proyectos que aporten valor al tejido productivo y a la descarbonización del país.