El pasado 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), acordó iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
La creación de este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) responde a un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años. Como el gobierno expone en la presentación del anteproyecto: «Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias.
En esto están de acuerdo la CNMC, la Cámara de Comercio de España, AELEC, la gran patronal de las eléctricas a excepción de Naturgy que decidió precisamente abandonar la patronal por divergencias sobre este punto, los fabricantes de equipos eléctricos y, en su mayoria, todos los agentes implicados, de un modo u otro, por la creación de este fondo. En lo que no parecen estar tan de acuerdo o, al menos, lo que en muchos casos despierta ciertas reservas es como, finalmente, se va a hacer el reparto siendo que el Gobierno pretende sacar las primas a las renovables, unos 7.000 millones de euros anuales, de las cuentas del sistema para trasladarlas a todos los consumos energéticos. Por tanto, gasistas y petroleras también tendrán que hacerse cargo del pago de esta cantidad de dinero.
Un nuevos sistema de reparto de los costes regulados asociados a la financiación de las renovables
Se pretende articular un nuevo sistema de reparto de los costes regulados asociados a la financiación de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Actualmente, estos costes regulados se repercuten íntegramente a los consumidores del sistema eléctrico, sin embargo, con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el coste de financiación del RECORE dejaría de formar parte del recibo de la electricidad que abonan directamente estos.
Una nueva propuesta para sustituir un sistema deficitario
La propuesta surge como consecuencia de que el sistema actual de financiación del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), se ha considerado obsoleto ya que, con las circunstancias actuales, se produce un déficit en el sistema. De acuerdo a los propios datos oficiales, con los datos de la liquidación provisional 8/2020, aprobada por la CNMC el pasado 8 de octubre de 2020, el coeficiente de cobertura del sistema, ratio que mide la proporción de los costes regulados que es cubierta por los ingresos regulados a esas alturas del ejercicio, rondaba el 77%, lo que representa 5 puntos porcentuales menos que el observado en la misma liquidación de ejercicios precedentes.
Desde CNMC se considera que el nuevo sistema da una señal de precio más adecuada que la del modelo que actualmente se utiliza. Además, garantiza la sostenibilidad del sistema eléctrico. Por ello, ambos factores son de necesidad en el contexto de descarbonización de los diferentes sectores económicos.
Las desviaciones actuales del sistema, de consolidarse, de acuerdo con lo previsto en la misma Ley 24/2013, de 26 de diciembre, llevaría aparejada una subida automática de los peajes y cargos para los consumidores. Que, en un escenario central de acuerdo con las mejores estimaciones disponibles en la actualidad, el ministerio estima que la parte regulada de la factura se incrementaría cerca del 15% para las PYMES, un 10% para la industria y los consumidores domésticos y un 7% para la gran industria electrointensiva.
En el contexto marcado por la pandemia del COVID-19, se produce una menor demanda de electricidad y disminución de los ingresos regulados, además de una mayor penetración de los renovables, por lo que mantener el sistema actual conllevará subir el importe de los cargos a los consumidores, entre otros efectos.
De esta forma, con el objetivo de crear un sistema de reparto de estos costes más equitativo y justo para los consumidores energéticos, la financiación de las renovables, cogeneración y residuos deja de repercutirse exclusivamente a los consumidores eléctricos.
El fondo tendrá como sujetos obligados de aportación a:
- Las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad
- Los consumidores directos en mercado de electricidad y gas natural
- Los operadores de productos petrolíferos al por mayor
- Los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor
- Los distribuidores de productos petrolíferos en la parte de sus ventas y/o consumos anuales en el mercado nacional no suministrada por los operadores al por mayor o por otros distribuidores al por menor
- Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no suministrada por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos.
Se trata de una regulación que desplaza parte de la carga de financiación desde el sector eléctrico a los sectores de hidrocarburos. No obstante, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
De esta forma, se reduce el peso de las aportaciones de los agentes del sector eléctrico, surgiendo nuevos sujetos obligados, entre los cuales el más importante es el sector del gas natural. Tal y como establece en la memoria del anteproyecto, el reparto de la financiación se distribuye de la siguiente forma entre la electricidad, gas y producción petrolífera:
Se prevé una implantación en 5 años. De forma que el 2021, los sujetos obligados aportarían un 20%, quedando el otro 80% con cargo a los presupuestos generales, aumentando este % anualmente, hasta llegar al 100% en el 2025.
No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un anteproyecto de ley y que el organismo regulador está recibiendo presiones desde diferentes ámbitos para que en el caso de aprobarse incluya algunas variaciones que, dependiendo de sectores, puede terminar afectando al reparto definitivo del coste.
Por otra parte, también nos gustaría precisar que en las estimaciones que se han efectuado desde, por ejemplo, Gas Industrial, se habla de un sobrecoste para la industria de entre 5,5 a 6€MWh y, por ejemplo, desde el sector de la cerámica a traves de su patronal ASCER se hace una estimación de 213M€ en cinco años de lo que podría suponer para ellos la aprobación del FNSSE tal y como viene definido en el anteproyecto de ley. De todas formas, hay que tener en cuenta que estas estimaciones variaran en función del nivel de eficiencia energética de cada una de las plantas. Aspecto que consideramos cada vez más importante ya que una mejora de la eficiencia energética, reduciría esta repercusión en los costes finales.
Nos parece muy interesante para conocer la opinión de personas y empresas y representantes de organismos públicos muy competentes seguir el hilo argumental en la red social twitter con el hashtag #fnsee.
CONCLUSIÓN:
Aunque existe unanimidad en cuanto a la idoneidad de los objetivos que persigue la aprobación del FNSSE: evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años existe preocupación entre los diferentes sujetos obligados a aportar por cuáles serán las implicaciones en términos de sobrecoste de la implantación del mismo.
